Sobre sus proyectos “de interés nacional” 

Otros proyectos de los cinco congresistas lambayecanos, han sido elaborados pensando en Lambayeque. Pero todos ellos están “En Comisión”. Lo sorprendente es que muchos de ellos fueron presentados con una terminología especial, como es de “declarar de interés nacional y necesidad pública” el tema sobre el que están tratando, como si el uso de tales palabras y esta metodología influyera en su inmediata atención.

Conversamos con el especialista Pedro Barboza Zelada, doctor en Gestión Pública y Gobernabilidad y catedrático de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, en torno a términos que en sus proyectos manejan los congresistas, al parecer en supuesto afán de protagonismo o populismo, porque en la mayoría es el Poder Ejecutivo, y no el Congreso, el responsable de acciones que los parlamentarios proponen.

Así, preguntamos al especialista sobre las propuestas del congresista Pérez presentadas en agosto: ¿Qué significa declarar de interés nacional y necesidad pública la culminación de estudios y la ejecución del plan hidráulico de la región Lambayeque; la construcción de la autopista Ferreñafe-Chiclayo?; y la restauración, el mejoramiento y recuperación del servicio educativo en la IE Pedro Labarthe?

“Solo son palabras declarativas. No hay obligatoriedad de realizar el proyecto de inversión pública. Como ejemplo, está el caso La calzada, que ya lleva más de 10 años con su declaratoria de necesidad pública y no pasa nada. Lo que se debe hacer es que el Gobierno Regional o el local de Ferreñafe hagan el proyecto y los congresistas lambayecanos promuevan su presupuesto a nivel del Ejecutivo. Lo demás es pura finta”.

Y en torno a los proyectos de las congresistas Rita Ayasta y María Gallardo, presentados en octubre y diciembre, respectivamente, preguntamos a Barboza Zelada, ¿qué significa declarar de necesidad pública e interés nacional la construcción y equipamiento del Hospital del distrito de Monsefú y la creación de la provincia de José Leonardo Ortiz, respectivamente?

“Solo son palabras declarativas. Los congresistas pueden hacer lo del hospital a través del Ministerio de Salud o el Gobierno Regional. Un hospital como Las Mercedes es lo único que puede abarcar a nivel del circuito Mochica que involucraría a todos los distritos a su alrededor, incluyendo las cooperativas. Y sobre la creación de JLO provincia, esto es responsabilidad del Ejecutivo, coordinada con el gobierno regional una vez que se termine de realizar las limitaciones territoriales”.

Leonardo Ortiz, de 25,56 km² y 165 453 habitantes según el censo 2007, se constituye en el de mayor densidad poblacional, con 5.863 habitantes por km²; pero, no acaba por convertirse en distrito, pues las administraciones municipales, incluida la actual, no han sabido desarrollarlo, a pesar que el comercio es una de las principales actividades, con la existencia del complejo Moshoqueque.

Y algo más. A pesar de los años transcurridos, aún no se definen los límites del distrito de Leonardo Ortiz con Chiclayo y tampoco con Picsi, en Ferreñafe.

El especialista explica que según la Ley 27795, de Demarcación y Organización Territorial, “es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo de conformidad con el numeral 7) del Artículo 102 de la Constitución Política del Perú, así como lograr el saneamiento de límites y la organización racional del territorio de la República. Los Gobiernos Regionales determinan el tratamiento y prioridad de las acciones de demarcación territorial necesarias para lograr la organización definitiva de las circunscripciones de su jurisdicción. Los Gobiernos Regionales organizan, evalúan y formulan los expedientes técnicos correspondientes a las acciones de demarcación territorial en su ámbito de responsabilidad, en el marco de planes y políticas nacionales, así como de la normativa vigente”.

Simples “declaratorias”  

De los 49 proyectos en los que han intervenido sobre el Covid, solo tres lambayecanos han tratado el tema desde diferentes perspectivas.

Gallardo lo ha expuesto en tres proyectos con su nombre. El primero, de abril, culminó el 8 de octubre con la Ley 31050 que establece disposiciones extraordinarias para reprogramar y congelar deudas a fin de aliviar la economía de las personas naturales y las Mypes por el Covid-19. En junio Acuña presentó un proyecto similar que, con otras 26 iniciativas agrupadas, culminó el 10 de octubre con la Ley con el mismo número 31050, sobre congelamiento de deudas.

Volvimos a preguntar al especialista en Gestión Pública y Gobernabilidad, sobre ¿cómo se establecen disposiciones extraordinarias en una ley; en este caso para la reprogramación y congelamiento de deudas? ¿Cómo se regula el cumplimiento estricto de esta ley?

Según Pedro Barboza, la reprogramación de deudas ya está fijada por la declaratoria de emergencia por el Covid donde se crea el Programa de Garantías Covid–19 y que está a cargo del Ejecutivo. Sobre la reducción de tasas, será en común acuerdo con el Ejecutivo, pero la dinámica es que se amplía los meses de pagos por no crear pérdidas a los bancos pero sí ampliación de deudas. Las garantías por parte del Ejecutivo están en el préstamo que les otorgó el BCR.

La congresista Gallardo presentó un proyecto que concluyó el 3 de agosto con la Ley 31021, que reconoce como héroes de batalla contra el Covid a los servidores públicos fallecidos.

Preguntamos al especialista: ¿Qué significa reconocer como héroes de batalla a servidores públicos u otros? ¿Hay algún beneficio conocido o explícito al respecto? Barboza Zelada respondió que se podría establecer beneficios, siempre y cuando el Ejecutivo lo plantee mediante una ley que alcance al Congreso para su aprobación. En caso contrario, solo es una propuesta declaratoria.

Gallardo propuso en octubre un proyecto que promueve el acceso a las vacunas y medicamentos para proteger a la población contra el Covid. Fue aprobado con diez iniciativas agrupadas.

La respuesta del especialista precisa que esto es crear la obligatoriedad de ponerse las vacunas. “El ejecutivo no necesitaba permiso para comprar vacunas porque en una declaratoria de emergencia tiene carta amplia para contratar con cualquiera la adquisición de vacunas. Lo que el Ejecutivo quiere es la declaratoria de obligatoriedad para todos los peruanos. En toda declaratoria de emergencia los tres niveles de gobierno pueden adquirir bienes y contratar servicios como obras a los que ellos crean. Por eso los alcaldes hacen lo que quieren y no pasa nada”.

De Pérez aún se halla “En comisión”, su proyecto de agosto que promueve la adquisición por el Estado de la vacuna contra el Covid-19 y su distribución gratuita.

Ante esta propuesta, el especialista en Gobernabilidad reiteró que el Ejecutivo es responsable de las adquisiciones de vacunas, bienes, servicios y obras en toda declaratoria de emergencia; no necesita permiso del congreso. “El tema es la articulación en los tres niveles de gobierno: Nacional, Regional y Local. Una de las grandes deficiencias del Estado es que no articula; cada uno trabaja independientemente”, precisó el especialista.  

Como decíamos: tanto nadar para ir a morir en la playa. (Larcery Díaz y Jesús León. Periodistas).

Tomado de: Miraporellos.pe

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