Con la detención del gobernador regional de Lambayeque, Anselmo Lozano Centurión, la Fiscalía Anticorrupción vuelve a dar un golpe a la delincuencia que busca enquistarse en el aparato estatal. Los detalles que han surgido en esta investigación y las reacciones de los denunciados, ameritan conocer cómo inició una historia que ha puesto en jaque a la autoridad más importante de la región.
A continuación, exponemos la entrevista que brindó a Correo, la fiscal de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Lavado de Activos, Karim Ninaquispe Gil.
La defensa de Anselmo Lozano critica la investigación. En una conferencia, su abogado afirmó que existiría un afán de protagonismo por parte del Ministerio Público ¿Qué podría responder?*
Solo cumplimos con nuestra labor cuando se presumen actos de corrupción e irregularidades. De acuerdo al desarrollo de cada investigación pedimos las medidas que la ley nos faculta. No veo ningún afán de protagonismo, siempre hemos desarrollado las indagaciones de manera reservada.
Gran parte de las imputaciones se basan en declaraciones del aspirante a colaborador ¿Qué otros indicios se tiene?
Este caso comenzó con la denuncia que apareció en los medios de comunicación sobre líneas de crédito falsas en tres procesos del Gobierno Regional. Además, existía el respaldo de un informe del órgano de control y, si recuerdan, sobre ello el Ministerio Público realizó una intervención de oficio para recopilar documentación.
¿Es ahí que aparecen las evidencias?
Teníamos que ver si la responsabilidad era del contratista, o si había un favorecimiento de parte de los funcionarios. Al revisar la documentación, advertimos que los tres consorcios estaban vinculados a una sola empresa y que cada consorcio estaba representado por personas que tenían vinculación familiar.
¿La empresa que señala es AC&A, cuyos representantes están siendo procesados?
Así es. Nos llamó la atención que los integrantes del Comité de Selección (funcionarios del gobierno regional) no hayan notado los nexos familiares. No solo eso, cuando revisamos las cartas de línea de crédito de cada consorcio, estas tenían el mismo formato. Una persona que está en al área de contrataciones públicas, no hubiera pasado por alto ese detalle.
¿Entonces las sospechas fueron creciendo?
Nos generó una sospecha no solo por la falsedad, sino por posibles actos de corrupción. Decidimos verificar los antecedentes de cada una de las empresas y vimos que AC &A había ganado obras en La Victoria; eso nos llevó a ver la relación entre los funcionarios de La Victoria y del Gobierno Regional, y así saltaron los nombres de quienes estuvieron en el municipio ahora ocupaban cargos estratégicos en la región. Teníamos parte del rompecabezas de una posible colusión.
¿Que se reforzó con los nexos de la exgerente Mary Castro y su hijo?
AC & A había ganado una obra en Pucalá y el representante era el hijo de quien era gerente del gobierno regional y que fue también gerente en La Victoria Así empezamos a tener indicios que nos llevaban a considerar que estábamos frente a un aparato de corrupción. Nuestra investigación no parte de la sola sindicación de un colaborador.
¿Y en qué momento aparece este personaje?
No puedo dar detalles porque hay que mantener la reserva. En el transcurso de los hechos cuando se recoge la documentación en La Victoria, es que tuvimos información de carácter reservado con sindicaciones muy serias. Eso nos llevó a elaborar una carpeta aparte, pero teníamos que corroborar si estas afirmaciones eran ciertas, o no. No podemos hacer una imputación sin un previo acto de corroboración.
¿Eso quiere decir que ustedes tuvieron dos casos contra el gobernador?
Las sindicaciones estaban en otra carpeta. Por casi dos meses hemos realizado un trabajo titánico junto con la Policía, de verificación y diligencias muy reservadas y se determinó que estas sindicaciones tenían sustento. Fueron dos indagaciones y con todas las evidencias decidimos unirlas en el proceso del gobierno regional porque los mismos funcionarios habían implantado un modus operandi a nivel micro y luego lo han expandido al Gobierno Regional. Esto fue presentado al juez, que ha evaluado y dictado la medida gravosa.
¿Su trabajo en los últimos meses no ha estado libre de cuestionamientos. Qué interpretación tiene al respecto?
Sí, hemos tenidos que soportar ataques de diversas personas, indicando que encubríamos al gobernador. Nosotros no podemos revelar la información, porque teníamos que obtener evidencia y ahora estamos trabajando para ver qué más encontramos.
Al parecer los investigados sabían que los iban a detener. ¿Cree que hubo filtración?
No tengo certeza de eso. Hemos trabajado con mucho profesionalismo. Creo que ellos sabían que podían caer en cualquier momento. Se prendieron las alarmas cuando se solicitaron los expedientes del 2015 al 2018. El detonante fue la diligencia en La Victoria, porque no había ninguna denuncia. Eso los llevó a generar estrategias para defenderse.
¿Existe la posibilidad de nuevos colaboradores para el caso?
No se puede descartar, pero depende de la facultad de cada persona que puede brindar información relevante. Nosotros trabajamos en base a verificaciones, no en simples afirmaciones.
¿Qué le espera a Anselmo Lozano y a los funcionarios. Se pedirá la prisión preventiva?
Aún tenemos tiempo para evaluar la situación de cada uno de los imputados. No puedo adelantar a quién pediré y a quién no, eso se determinará en base a los resultados. Cada medida corresponderá a la situación jurídica.
Por los audios se conoce que los investigados confiaban en no ser detectados porque las obras no tenían fallas técnicas y no estaban sobrevaloradas. ¿Eso los libera de responsabilidad?
No, solo es una nueva modalidad de corrupción. A veces sucede eso en los procesos, de repente no vamos a encontrar perjuicio y sobrecostos, pero eso no niega la entrega de coimas.
¿Habrá una segunda lista de imputados?
Esa información aún no forma parte de mi línea de investigación. En este momento estamos concentrados en determinar la situación de los 17 detenidos.
Es preocupante que en Lambayeque se presenten diversos casos de corrupción ¿Cómo interpreta esto?
Es una situación lamentable, lo sucedido es un llamado de atención a la ciudadanía para que elijan bien a quienes nos representarán porque estos harán el manejo de los recursos públicos.
Su despacho tiene casos importantes que involucran a exautoridades y al alcalde de Chiclayo. ¿En qué situación se encuentran?
Se está avanzando, pero hay diligencias pendientes. La Fiscalía Anticorrupción no cuenta con todos los medios para cumplir con los plazos. Mi despacho tiene 70 indagaciones. Deberíamos tener más fiscales para que los procesos avancen y ser más eficaces, porque se cometen muchos actos de corrupción en diferentes entidades. Nuestra jurisdicción llega a Cutervo, Jaén y San Ignacio, pero ahí no tenemos presencia de fiscales anticorrupción y las autoridades parece que no tienen temor a delinquir.
Pese a todo, su despacho ha ganado detractores quienes hablan de una supuesta lentitud en su despacho en la investigación al alcalde, Marcos Gasco ¿Qué le parece?
Lo tomamos con calma, no permito injerencia de ninguna persona en mis investigaciones porque yo trabajo de manera objetiva. Se pretende manipular a la Fiscalía porque puede haber conflictos políticos entre opositores, quieren que la Fiscalía tome partido. Nosotros no nos dejamos manipular, nuestras investigaciones no son politizadas, respetamos la Constitución. Hay investigaciones que merecen detención sí, hay otras que no, son estrategias distintas, pero orientadas a establecer las responsabilidades.
Ha mejorado el tema de los peritos. Este es un reclamo recurrente de la Fiscalía Anticorrupción
Solo disponemos de 3 contadores y las pericias son complejas. Además, ellos tienen que ver temas de lavado de activos. No hay personal suficiente. La pericia de análisis para celulares se tiene que enviar a Lima y demoran 6 a 8 meses en responderte. Para el caso “Los Faenones de Olmos”, hemos pedido la lectura de 20 celulares y hasta hoy solo tenemos los informes de cuatro.
Fuente: Melissa Romero-Diario Correo de Chiclayo.
