El Gobierno Regional de Lambayeque y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomiendan a los congresistas de Fuerza Popular Milagros Takayama y Héctor Becerril, realizar un trabajo responsable e íntegro, cuando de fiscalización se trata. Ambos parlamentarios demostraron fehacientemente que no tienen conocimiento de la ley, sobre reparto de ayuda humanitaria. 

En una actitud controvertible los congresistas fujimoristas, acompañados de la fiscal de prevención del delito, Ivonne Zárate Izquierdo; llegaron a uno de los dos almacenes que administra el INDECI ubicado en José Leonardo Ortiz, para exigir que se reparta en el acto, las 36 mil planchas de triplay a supuestos afectados por las lluvias.

El jefe del INDECI, Agustín Basauri, señalo que los parlamentarios estaban desinformados, porque aducían que ese local era administrado por el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) y demandaban responsabilidad del responsable de la institución, Carlos Balarezo.

Milagros Takayama y Héctor Becerril demostraron no tener conocimiento de la ley, que claramente obliga que los comités de Defensa Civil de cada municipalidad, deben elaborar una ficha de Evaluación de daños y análisis de necesidades (EDAN) el cual se entrega al COER, que reparte la ayuda humanitaria bajo responsabilidad del alcalde, que finalmente se distribuye a los ciudadanos que lo requieren.

Los legisladores fujimoristas demostraron que no saben cuáles son los almacenes que administra el COER y cuáles los que administra el INDECI. Por tanto las competencias son definidas por ley.

Se advierte que la actitud de los congresistas fujimoristas desorienta, confunde y alarma a la población más vulnerable, que espera de sus representantes un trabajo honesto sin conductas de “campaña electoral”.

El COER cuenta con 10 almacenes ubicados en diversos puntos del departamento de Lambayeque, mientras que el INDECI tiene dos almacenes, uno ubicado dentro de la Ugel Chiclayo y el otro en Leonardo Ortiz.

Finalmente se supo, por versión del responsable del INDECI – Lambayeque, Carlos Balarezo, que esta institución a nivel nacional emitirá un pronunciamiento muy severo sobre el cuestionable accionar de los parlamentarios.

AYUDA HUMANITARIA CON LA LEY

Por su parte, la consejera delegada, Violeta Muro Mesones, explicó que es importante sobre todo para las autoridades locales, leer la ley antes de emitir cualquier declaración. No hacerlo, solo genera confusión y alarma en la ciudadanía. “Yo le recomiendo al consejero José Díaz Periche, no confundir las cosas; el reparto de ayuda humanitaria se realiza en cabal cumplimiento de la ley sin que exista intereses políticos”, dijo. 

La ley 29664 que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, en su artículo 2° establece claramente el cumplimiento obligatorio para todas las entidades y empresas públicas de todos los niveles de gobierno, en el reparto de ayuda humanitaria. Se establece que cada municipalidad debe elaborar una Evaluación de daños y análisis de necesidades (EDAN) de forma adecuada; solo de esta manera el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) hace entrega de la ayuda humanitaria, que finalmente es distribuida por personal del comité de defensa civil de cada municipalidad.

“No es posible hacerlo de manera espontánea, porque simplemente se considera un delito muy grave. Por ello, personal del Ministerio Público y Contraloría General de la República, supervisan continuamente la repartición de ayuda humanitaria; de igual modo representantes de la Defensoría del Pueblo participan” refirió Violeta Muro.

La consejera regional, informó que el detalle legal específico que apoya la metodología de trabajo del COER para la entrega de ayuda humanitaria, se encuentra en el Decreto Supremo 048-2011 de la Presidencia del Consejo de Ministros; norma que todo funcionario, servidor o autoridad pública debiera conocer.

Luego de la intensa lluvia ocurrida el 1 de febrero, el Gobierno Regional inició un trabajo planificado y articulado con diversas instituciones y municipalidades para llevar ayuda a los sectores más afectados, siempre en cumplimiento de la norma vigente. “Sin embargo es lamentable que en estos momentos difíciles haya personas que pretendan aprovechar la emergencia como plataforma política”, remarcó.